jueves, 18 de febrero de 2016

Reinventar el Gobierno para el siglo XXI

Según G. Shabbir Cheema, para que los gobiernos respondan a las exigencias de la justicia social, deben reinventarse, es decir, reinventar sus estructuras y procesos. Se trata de combinar la teoría con la práctica a fin de que los gobernantes emprendan las estrategias más expeditas que faciliten la creación de las estructuras y procesos necesarios para aumentar la capacidad del Estado para el cumplimiento de los objetivos de la justicia social, con lo cual se logra, además, el afianzamiento de la gobernanza democrática. La gobernanza democrática es la gama de procesos a través de los cuales una sociedad llega a un consenso e implementa regulaciones, derechos humanos, leyes, políticas y estructuras –en la búsqueda de la justicia, el bienestar y la protección del medio ambiente–. Las políticas y leyes se llevan a cabo por muchas instituciones: el legislativo, el poder judicial, rama ejecutiva, los partidos políticos, el sector privado, etc. Por su parte, la gobernabilidad democrática pone en primer plano la cuestión de cómo una sociedad se organiza para garantizar la igualdad (de oportunidades) y la equidad (justicia social y económica) para todos los ciudadanos.



La implemenatación de un verdadero marco de justicia distributiva, que brinde las herramientas para la superación de las desigualdades, de la dependencia, hacia un verdadero objetivo orientado a la creación de capacidades en la ciudadanía, y su participación dentro de la sociedad, deberá tener en cuenta el contexto, la diversidad humana, las desigualdades de ingresos y activos, el papel de los medios de comunicación para el logro de este objetivo, la cultura y la religión, el nivel de estudios y el acceso a una verdadera gama de oportunidades.

G. Shabbir Cheema resalta que los aspectos relativos a los debates electorales y el papel de los organismos electorales, el acceso a la justicia, las normas sobre derechos humanos y su aplicación, la descentralización y la capacidad de la administración local, las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción, los procesos legislativos, el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación, juegan un papel central cuyo afianzamiento garantiza el logro de una verdadera justicia social, para lo cual deben emprenderse las reformas necesarias, tanto estructurales como sustanciales.




viernes, 12 de febrero de 2016

Corte Constitucional prohíbe usar palabras -minusválido, discapacitados o personas limitadas- en legislación colombiana. C-458-15


La Corte Constitucional de Colombia ordenó que términos como minusválido, población minusválida, discapacitados, personas limitadas o limitados, que se encuentran en varias disposiciones de la legislación, se reemplacen por expresiones como personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental o persona con discapacidad auditiva.

La sentencia obliga al Estado a sustituir esas palabras por términos como "personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental" o "persona con discapacidad auditiva". Según la Corte, las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen una carga no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria de derechos en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido el enfoque social de la discapacidad, por lo que hace un llamado a la actualización del vocabulario a través de las herramientas que otorga el bloque de constitucionalidad.

La Sentencia reconoció la importancia que posee el uso del lenguaje para la inclusión de las personas en situación de discapacidad física, psíquica o mental. Las expresiones vetadas incluyen también "población minusválida" o "limitados", todas ellas incluidas en varias disposiciones de la legislación colombiana.

También precisó que expresiones como inválida, inválido e invalidez, con capacidades excepcionales, sordo, persona sorda y sordos, hacen parte del lenguaje técnico jurídico para poder definir la situación legal de estas personas.