martes, 11 de mayo de 2010

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PUBLICA INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS - CIDH.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PUBLICA INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS - CIDH.

La CIDH le pide a Latinoamérica una seguridad ciudadana que no quiebre la democracia -“Seguridad sin quebrar democracia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. La CIDH espera que este informe contribuya a demostrar que es imperioso modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, cambiando el foco de atención de la represión a la prevención de la criminalidad y la violencia.

Los países de la región presentan hoy algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, y los jóvenes son el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Esto ha posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. El informe destaca que los altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las personas en América Latina y el Caribe generan alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

La CIDH señala en su informe que las políticas de seguridad ciudadana históricamente implementadas en numerosos Estados de la región se han caracterizado, en términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria. Observa el informe que estas políticas han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas.

La Comisión expresa en el informe que los Estados Miembros tienen el deber de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos comprometidos en el área de la seguridad ciudadana, a través de planes y programas de prevención, disuasión y, cuando ello sea necesario, de medidas de represión legítima respecto a los hechos de violencia y criminalidad, a partir de las orientaciones y dentro de los límites que establecen los estándares y los principios de derechos humanos. El informe señala asimismo que es necesario que se adopten medidas para la profesionalización de la policía, así como una política pública que tenga en cuenta la seguridad y los derechos de los agentes del Estado, incluidos los miembros de la policía. La CIDH expresa en su informe que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana deben focalizarse en la creación o consolidación de una institucionalidad estatal que proporcione respuestas eficaces y eficientes a las demandas de una sociedad democrática en esta materia.

El informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos fue elaborado en el marco del memorándum de entendimiento entre la CIDH, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Su preparación y publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de UNICEF, OACNUDH, el Gobierno de Italia y la Fundación Open Society Institute. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil de las Américas apoyaron la elaboración de este informe con valiosos aportes y contribuciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a desarrollar políticas de seguridad ciudadana sin quebrar las normas democráticas y del Estado de Derecho, y respetando los derechos humanos.

El continente registra "algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo" y en Latinoamérica por primera vez en décadas la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación de la población, indica en un informe la CIDH.

Según el "Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", en el continente americano hay de media 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 8,9 que se registran, por ejemplo, en Europa.

Las tasas más altas se registran en los países de América Latina y el Caribe. Para el Caribe la tasa de homicidios es de 30 por cada 100.000 habitantes, la de Sudamérica 26 y la de Centroamérica 22. Además de esos niveles excesivamente altos, la CIDH explica que la violencia impacta significativamente en la economía, pues se ha calculado que el coste se sitúa entre el 2 y el 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los países.

Especialmente en América Latina y en el Caribe, los altos niveles de criminalidad acompañada por la violencia contra las personas "genera también alarmas sobre su impacto en la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho", afirma la CIDH. Eso se traduce en los bajos índices de confianza que la población tiene hacia el Gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial, señala la Comisión. Al respecto subraya que las políticas de seguridad ciudadana históricamente se han desvinculado de los estándares internacionales sobre derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitraria, sostiene la CIDH.

"El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población", constata. La CIDH indica además que tras la historia reciente de la región marcada por transiciones de regímenes autoritarios a la democracia, la mayoría de las instituciones que integran el sistema estatal de control judicial y policial "aún no han registrado procesos de reforma eficaces".

Así, a pesar de las transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad "aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades", afirma. En definitivo, sostiene la CIDH, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario "no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia" a la situación.

Explica que en varios países de la región se ha recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente intolerancia y estigmatización de personas o grupos. Eso ha favorecido la aparición de casos de violencia extralegal, como los llamados grupos de "limpieza social", concluye la CIDH.

Hoy tendrá lugar la presentación del informe en Argentina, en el Congreso de la Nación. El panel estará integrado por el Vicepresidente de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro; el secretario ejecutivo, Santiago Canton; la diputada argentina Griselda Baldata y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Asimsimo, participará en el evento el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. Tras las presentaciones, que tendrán lugar de 10.30 a 13.30 horas en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, habrá una conferencia de prensa en el salón “José Luis Cabezas”, a partir de las 15.30 horas.

A continuación el informe: