martes, 8 de junio de 2010

El derecho social y la política social en el sistema jurídico-social que reclaman los derechos humanos

La política social se ha consolidado como una actuación principalísima de cualquier forma política, sin que se hayan superado los interrogantes sobre su existencia. Que sea necesaria la obliga a estar en evolución. En caso contrario reduciría su eficacia y no podría responder a los nuevos requerimientos sociales.

Para saber tanto de las necesidades de las naciones como del sistema internacional en relación a la intervención de la política social y de la ordenación jurídica, es preciso afrontar la crisis del Estado Social. Aunque es cada vez más difícil sacar un rendimiento óptimo a las fórmulas del siglo XX, no se vislumbran nuevas alternativas, salvo en lo que se refiere a un mayor y auténtico desarrollo de la democracia y que la intervención de la política social suponga que aumente la participación de los integrantes de las sociedades, como responsabilidad moral individual, que vaya a la par con la intervención a través de los planes de los programas sociales. Un tema fundamental para la persona es que la excesiva reglamentación de la vida social reduce su libertad. Sería indispensable mayor control y racionalidad administrativa y que el poder siga limitado a partir de la norma jurídica.

Sobre todo sería preciso volver a descubrir el derecho a partir de las necesidades en las relaciones humanas e ir eliminando progresivamente la legislación. La salida de la crisis del Estado Social dependerá de que vaya más allá del Estado de Derecho en el ejercicio de control, aumentando la seguridad jurídica y social para el ciudadano. Asimismo, la solución consiste en proteger la vida institucional a partir del respeto absoluto a la propiedad privada, poniendo más recursos a la disposición y vigilancia jurídicas y formulando reivindicaciones sociales en términos de Derecho. Sería necesario que se escogiera a los derechos humanos de la primera generación, por ser los que en mayor medida protegen a la esencialidad de la persona. Los derechos económicos, sociales y culturales, propician un intervencionismo del Estado sin control, cuyas consecuencia más inmediata es la pérdida del sentido comunitario basado en las obligaciones de los conciudadanos. La experiencia prueba que el Estado no puede proteger las libertades de las personas.

Las actuaciones de la política social no sólo consisten en solucionar o paliar las deficiencias que surgen de las relaciones económicas y sociales del sistema implantado, sino que han de afrontar los principios de su propia constitución y desarrollo, al tener que configurarse continuamente como formas de invención fundamentales. Sobre todo la política social ha de justificarse por sus resultados. No es suficiente que se haya creado toda una administración para tratar la cuestión social, ni que se destinen partidas significativas del presupuesto nacional o local para afrontar los problemas, pues el juicio público será determinante para que se consolide como una forma fundamental para la mejora y el desarrollo social.

Qué la cuestión social?

Se denomina cuestión social al problema nacido del desequilibrio entre los grupos y los individuos con el sistema implantado, que, por diferentes motivos, crea injusticias sociales de las que son víctimas las personas sin que les pueda ser atribuible la responsabilidad. Desde que se planteó la cuestión social hasta la actualidad, ha ido variando tanto el grado de intervención de la política social como la noción de responsabilidad del individuo por las injusticias creadas por el sistema. La cuestión social tiene como fundamento práctico la prestación social con un fin igualitario o simplemente como efecto distributivo. En última instancia se quiere evitar injusticias. Idea de la que deben tener conciencia permanente todos los que actúen según los principios de la ética dominante en la política social.

A partir de la cuestión social se ha reclamado una total intervención del Estado Social para que al hombre se le dé la situación social a la que tiene derecho, por ser necesario que se repartan mejor los bienes limitad. Para entender gran parte de la cuestión social, es preciso poner la política social y el derecho social en relación con la economía.

La relación de la economía es una vinculación indisoluble, si bien tiene que tener sus límites y no cabe pensar que son extensibles a todos los fenómenos económicos, ni que tampoco el Derecho deba penetrar en la economía, ni que la política social sólo debe estar relacionada con ella, hasta el punto de que sus instituciones sean sus productos.

En la medida que la economía genera nuevos problemas, la cuestión social presenta amplias modalidades, apareciendo otros desafíos para la política social y el Derecho, que habrá de edificar la estructura jurídica necesaria para dar las soluciones reclamadas. En el caso del Derecho, los juristas no pueden ser simplemente remediadores de unas situaciones sociales, pues una vez entrados en este campo pueden ser calificadas de pura juridicidad. También la economía debe someterse a la juridicidad en situaciones que son determinantes para la buena marcha de la sociedad. Cláusulas de tipo “rebus sic stantibus” deben formar parte de la práctica jurídica actual. El reto que tiene el Derecho es volver a sus raíces, superando su conversión en legislación. El Derecho social ha de asumir los retos de la política social, por lo que uno de sus fines fundamentales es ordenar y estabilizar las medidas de ésta.

Algunos temas emergen aquí:

1. La cuestión social y la economía en relación con el derecho
2. La necesidad para el progreso del derecho social
3. Derecho social, política social y administración
4. Sobre la permanencia en los contenidos del Derecho
5. Objetivos de la política social reclamados por los derechos humanos
6. La política social quiere convertirse en actividad ética
7. La socialización y la presión de la opinión pública
8. Crecimiento del poder sobre la sociedad
9. El derecho social y el control sobre la administración
10. Seguridad Social e igualdad.

Hoy es evidente que el Estado Social está en crisis. Sin embargo, no parece encontrarse otro medio en el que las sociedades puedan enfrentarse a los problemas sociales de forma global.

Sigue existiendo el fenómeno potencial de totalización en la sociedad; es decir, poner de acuerdo el poder político con una determinada parte del poder social para imponerse hasta casi organizarse como Estado. El mismo Estado al haberse convertido en un fin, genera una lucha a muchos interesados en el poder político para conquistarlo y así convertirse en un instrumento de la oligarquía victoriosa.

La política social, dirigida por el Estado, tendría que respetar el valor de la libertad personal, que en las sociedades complejas es muy necesario al haberse impuesto el pluralismo social. Para ello se precisa que el Estado no sólo tenga la predisposición a limitarse y seguir fielmente sus planes, sino que el individuo, en aras de garantizar su libertad, debe estar cubierto por toda clase de cuerpos intermedios, a fin de que no se quede sólo frente al Estado.

El Estado ha de hacer una política de acuerdo a la justicia social y, sobre todo, reduciendo los costos y aumentando la eficacia. Esto sería un requisito imprescindible para salir de la crisis del Estado Social.

La política social ha contribuido a crear una especie de individuo que exige continuamente derechos, que espera que la Administración resuelva sus problemas, creando la actitud pasiva como parte fundamental de su conducta, al quitarle iniciativa y obligaciones.

Aunque los derechos humanos reclamen la intervención del Estado, las garantías que puede crear la Constitución son muy débiles. La extensión de los derechos sin que al mismo tiempo vayan acompañados de los correspondientes deberes crea un individuo que es una amenaza potencial para los otros. Los derechos sociales han propiciado el dominio de los individuos sin escrúpulos y el enriquecimiento de los que saben manejarse con las subvenciones, al tiempo que se crea un ejército de parásitos que viven del servicio público y que no pueden ser más contrarios al espíritu de los derechos. La política social los propicia porque crea intereses poco compatibles con una mínima ética social. Estos parásitos disfrutan de los rendimientos del esfuerzo de los que trabajan. Con la política social, la actividad política basada en la adquisición de bienes a través de los medios políticos, genera una enorme corrupción, que afecta muy directamente a la gente honrada a la que se roba o se expolia legalmente. Los medios utilizados por el Estado para combatirla son inoperantes. La Constitución es incapaz de llegar a la meta propuesta, incluso se la utiliza para convertirse en un instrumento destructor de los derechos que debería asegurar.

El democratismo lleva a la degeneración moral e intelectual, pues a los pueblos se les enseña que con el voto pueden saquear la propiedad de quienes honradamente la han conseguido. Los derechos humanos sólo podrán ser respetados si se atienen al espíritu de 1948, considerando a la persona, como dice el Considerando de la Declaración, como poseedora de una “dignidad intrínseca”, debiendo de ser protegida de forma absoluta, sin que sirva como un objeto para fines de la política distributiva.

Ref. GAGO GUERRERO, Pedro Francisco. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 10. Instituto de Derechos Humanos. Universidad Complutense de Madrid. 2009 (183-222). ISSN: 0212-0364.