domingo, 15 de noviembre de 2009

Informe: La Convención Internacional Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Y Su Impacto En El Ordenamiento Jurídico Español



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El CERMI publica un informe que revisa la aplicación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
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Informe elaborado en el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas de  la Universidad Carlos III de Madrid en el marco del Proyecto de investigación “El impacto que la incorporación y ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en el Ordenamiento jurídico español” 2008, financiado por la FUNDACIÓN ONCE.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aprobó el pasado 30 de septiembre el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008. En él se recogen las vulneraciones de los derechos de este grupo. Su finalidad es denunciar esta situación, acabar con ella y subsanar el daño causado a las personas afectadas.

El estudio realiza un seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, analiza su aplicación después de un año de vigencia en España (3 de mayo de 2008). Se nutre de las consultas y denuncias recibidas en el CERMI, de las acciones emprendidas como consecuencia de éstas y de las informaciones facilitadas por el movimiento asociativo y los medios de comunicación.

Fruto de un largo proceso que aglutinó múltiples sensibilidades y en el que participaron diversos actores, el 13 de diciembre de 2006 se aprobaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por nuestro país unos meses más tarde y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La convención se convirtió en un instrumento que, entre otras cuestiones, hace “visible la discapacidad”, al otorgarle el rango de cuestión de derechos humanos e incluir una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. Además, la convención, como tal, es de obligado cumplimiento para los países que la ratificaron. En este marco, y con objeto de revisar el nivel de aplicación de esta declaración, CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) recientemente de aprobó y publicó el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008. Dicho informe tiene como objeto añadido dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social, con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Principales vulneraciones ¿Se cumplen los derechos fundamentales?
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La atención a las personas con discapacidad ha evolucionado hacia un modelo social, pero todavía quedan escollos. La igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos no está garantizada. El propio concepto de discapacidad que se recoge en la Convención se incumple en el resto de normativas, que deben adaptar la terminología y el contenido para dar cobertura a personas que hoy en día no pueden acceder al certificado administrativo de discapacidad, "pero encuentran obstáculos discriminatorios que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos". Respecto a este certificado, se solicita que la protección contra la discriminación se extienda a todas las personas en situación de discapacidad, tengan o no un reconocimiento oficial administrativo.

La legislación actual es "avanzada" en comparación con las normas vigentes en la Unión Europea. El ordenamiento jurídico cuenta con una legislación específica que contempla la discriminación positiva, la accesibilidad universal y el diseño para todos, pero el ejercicio de muchos de estos derechos es precario. Hay que rediseñar las políticas "para avanzar hacia la plena inclusión social".
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Deben implantarse medidas que promuevan la dignidad y combatan los estereotipos y los prejuicios

Por grupos, es necesaria una atención especial a las mujeres y niños con discapacidad por su especial vulnerabilidad. Así se garantiza la igualdad de derecho y se consigue la participación directa de los pequeños en las decisiones que les afectan. En cuanto a las mujeres, aunque en diciembre de 2006 se aprobó un Plan de acción, su desarrollo e implementación ha sido en general "escaso".

Otro aspecto en el que se detectan vulneraciones se refiere a la imagen de las personas con discapacidad. El informe del CERMI cree fundamental la implantación de medidas que promuevan la dignidad y combatan los estereotipos y los prejuicios, que "estigmatizan" a este grupo.

En cuanto a los internamientos forzosos como recurso para personas con diversidad funcional mental, se apuesta por revisar su legalidad y analizar esta figura para orientarla, en todo caso, como herramienta hacia la inclusión social. De la misma forma, se busca fomentar la vida independiente para ayudar a las personas a formar parte de la comunidad. La autodeterminación refuerza la autonomía personal y su capacidad de elección y decisión.

Accesibilidad

El Artículo 9 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad considera la accesibilidad como "una herramienta para situar a la persona en igualdad de oportunidades". Es un concepto amplio que abarca a las nuevas tecnologías, la información y el diseño para todos.

Este aspecto ha sido "uno de los grandes fracasos", puesto que ha tenido una aplicación escasa y desigual

El informe del CERMI considera que este aspecto ha sido "uno de los grandes fracasos", puesto que una regulación obligatoria marca las pautas en esta materia, "al menos en el entorno físico", pero su aplicación ha sido escasa y desigual.

La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) establece unos plazos, según el CERMI, "injustificadamente extensos". Además, el informe asegura que las condiciones de accesibilidad se incumplen de manera sistemática, de forma que se impide el ejercicio de otros derechos fundamentales.

El pasado año, el CERMI denunció a más de 50 establecimientos oficiales públicos -más de 25 pertenecientes a la Administración General del Estado- por incumplir las normas de accesibilidad. Calificó a muchos de estos edificios como "impracticables". La regulación de esta materia es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo, en algunos casos la normativa vigente supera los 20 años y no recoge un concepto de accesibilidad que incorpore la no discriminación y el diseño para todos. "Las regulaciones autonómicas son anticuadas, obedecen al paradigma de la supresión de barreras y de las adaptaciones, no al de accesibilidad universal, y no disponen de instrumentos prontos y efectivos", destaca el informe.

Vulneración práctica

El informe, cuya autora es la delegación del CERMI para la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, fue realizado a partir de consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI, acciones emprendidas, etc. Su contenido pone de manifiesto las deficiencias en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan el quebranto de muchos derechos fundamentales de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Según el informe, “muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales”.

Por este motivo, continúa siendo imprescindible el impulso y desarrollo de campañas de sensibilización y programas educativos que lleguen a todos los estamentos de la sociedad, tal y como se apunta desde CERMI.
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El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Así, se hace alusión al Código Penal, en relación a diferentes ámbitos, como son los supuestos que contempla la ley del aborto que se está elaborando. En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como incapaces a todas las personas con discapacidad, salvo cuando esta sea física. También existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitectónicas en las dependencias judiciales. En el informe también se cuestionan algunos internamientos forzosos para el grupo de población con enfermedad mental.
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Asimismo, el documento destaca una de las contradicciones más relevantes que contempla el ordenamiento jurídico en relación a la Convención de la ONU, ya que permite la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

Otro de los temas aludidos es la reformulación del concepto de discapacidad. Al respecto dice que “se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos”. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan.

Según el informe, la accesibilidad constituye “uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad”. Solo durante 2008 el CERMI denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado. Además, las competencias trasferidas a las comunidades autónomas han agravado, según este informe, los problemas de accesibilidad, “ya que en muchas de ellas ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos.
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En positivo
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Algunas de las acciones positivas que se proponen en el informe es la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física o la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

Finalmente, destacar que el informe de CERMI valora algunas experiencias positivas que ya se están desarrollando de cara a la accesibilidad a los recursos culturales y de ocio como visitas específicas para este sector social.
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INFORME: La Convención Internacional Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Y Su Impacto en el Ordenamiento Jurídico Español.