Desde que analizo el tema de las
fronteras de la persona, no dejo de pensar en el sinnúmero de situaciones que
en Colombia limitan el logro de una vida floreciente y plena para muchas
personas, poblaciones enteras, que se enfrentan a múltiples injusticias que
obstaculizan la posibilidad de vivir a plenitud.
Durante muchos años, personas de
distintas regiones de Colombia, se han enfrentado contra la exclusión, a un sin
fin de situaciones que las han alejado del desarrollo, de las oportunidades y
de los bienes que permiten el desarrollo de sus capacidades.
La corrupción, la politiquería, el
clientelismo, entre otros fenómenos, han condenado a una inmensa población
colombiana a vivir por fuera de los beneficios y privilegios que supone la
existencia del Estado Social. La situación es desoladora en muchos rincones del
país, tanto que pone en entredicho la existencia del Estado, de instituciones
que contribuyan a hacerlo posible. Lo acuciante de toda esta situación, es que
la justicia social, concebida como una obligación del Estado y de sus
instituciones, no alcanza a muchos ciudadanos, no alcanza la capacidad de
transformación de los límites en posibilidades de la ciudadanía para participar
en las distintas facetas de la vida.
Es palpable que las injusticias causadas
por los distintos actores, han truncado las posibilidades para la participación
ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida del país. El hecho de que la Constitución
declare la existencia de un Estado social, no es óbice para afirmar que este
sea una realidad en Colombia, pues mientras el texto constitucional es rico en
declaraciones, el escenario resulta injusto y excluyente en muchos rincones donde
el Estado es ausente, insensible frente a las expectativas y a las necesidades
de la gente.
Tzevetan Todorov pensaba en la
necesidad de una justicia social que haga más llevadera la vida de la gente.
Esta idea traída a las particularidades del Estado colombiano, un Estado que
impone bordes por doquier, fronterizo en las fronteras de la vida, invita a
mirar aquellas situaciones límites que afrontan muchos ciudadanos en todo el
territorio colombiano. Desigualdad, pobreza, violencia de género, discriminación,
falta de oportunidades, exclusión social, entre otros, son fenómenos que
mantienen en suspenso el carácter –democrático– que solemos adscribir al Estado
colombiano.
Por un lado, se profundizan las
injusticias que limitan la posibilidad de una vida floreciente, por otro se exacerban
las fronteras de las personas, condenándolas a una vida dependiente, pasiva y
desgraciada. Muchos colombianos transitan alrededor de estas fronteras, sin hallar
respuesta a sus demandas.
Esta es una de las grandes deudas que
imponen un reto enorme a Colombia. Saldar muchos años de injusticias contra un
sinnúmero de ciudadanos que han vivido por fuera de las posibilidades, de las
oportunidades, del acceso a prestaciones, sin la posibilidad de cultivar sus
capacidades, excluidos del reconocimiento de su igual dignidad. Este
reconocimiento es un deber inaplazable, exige un gran compromiso de las
instituciones haciendo frente a aquellas prácticas que dejan por fuera a la
ciudadanía de los bienes y servicios del Estado, promoviendo la justicia social mediante el fomento de las capacidades en las
personas excluidas y generando espacios de inclusión y de participación
ciudadana.
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