martes, 6 de julio de 2010

Corrupción y Derechos Humanos: Estableciendo el Vínculo. Corruption and Human Rights: Making the Connection


El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.

La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja a las nuevas democracias tanto en América Latina como en gran parte del resto del mundo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática. La corrupción en el sistema judicial no solo niega el derecho a la igualdad frente a la ley, sino a las mismas garantías judiciales declaradas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La corrupción en las funciones públicas pone a riesgo el derecho a la vida, por ejemplo cuando a su raíz se le niega asistencia médica a los enfermos o se permite la construcción de edificios o productos defectuosos y peligrosos.

Por añadidura, el fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico. Claramente, la corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país de sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y el desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos.

Hablar de los temas de corrupción y derechos humanos que parecen tan ajenos entre sí tiene la mayor relevancia en un momento como el que vivimos hoy. El vínculo ente estas cuestiones ha de instaurarse si es que se pretende ver con claridad por qué la injusticia campea y cuáles son las expresiones de esa injusticia que se inventa mediada por la corrupción de manera generalizada. Sólo con la desaparición de tal corrupción es que se podrán visualizar las formas para alcanzar la justicia través de la realización de los derechos humanos.

Precisamente, esta es la tarea que pretende el Informe que presentamos aquí y que versa sobre la corrupción y los derechos humanos y su vínculo que fue preparado por Magdalena Sepúlveda Carmona, Directora de Investigaciones del Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) y coordinado en su versión en español por Luis Eduardo Zavala de Alba. Esta investigación incluyó a un vasto equipo de investigadores connotados del ámbito internacional y con un carácter interdisciplinario. Cada uno de estos asuntos -corrupción y derechos humanos- tiene su propia y enorme problemática, sin embargo, no puede obviarse su mutua interrelación y dependencia cuando nos ubicamos en el ámbito real, en el espacio de la vida, en el campo de lo social, lo político y lo económico.

Ambas realidades no pueden ser desmembradas ni en el ámbito de los ciudadanos, como tampoco desde el ámbito gubernamental. Sin embargo su relación ha de ser matizada porque si se supera la corrupción se logrará un alcance de los derechos humanos. Estos últimos se lesionan profundamente cuando se viven las consecuencias de la práctica de la corrupción, con lo cual se dificulta la obtención de los logros que los Estados están obligados a brindar y difícilmente pueden defender, proteger y garantizar los derechos humanos. Cuando la agenda política pública no logra realizar las políticas necesarias debido a las diferentes expresiones de la corrupción, en ese momento se evidencia un enorme reto para los defensores de los derechos humanos, ya que los Estados han de promover, facilitar y atestiguar su alcance.

La aspiración pretendida por los derechos humanos tiene que ver con aquello buscado desde tiempos inmemoriales por quienes ya entendían que la relevancia cardinal en las sociedades era la aspiración a la justicia en las coordenadas tanto ética, política y legal.

Las exigencias que consideramos imprescindibles e inexcusables para una vida digna se acrisolan en los derechos humanos, por lo que ante la presencia de ciertas situaciones amenazantes es preciso actuar para cancelarlas y evitar con eso que infrinjan algún tipo de daño en lo humano. Aquí se inicia el desafío para el alcance de la justicia y por lo que no puede aceptarse la corrupción como forma de vida y modus operandi de la sociedad porque se constituye como una de las causas de la injusticia. Y aquí es en donde tropiezan los derechos humanos y por lo que es necesario visualizar su relación con la corrupción ya que ésta los destruye desde lo más hondo, desde lo más profundo: su carácter moral.

Lo cierto es que los Derechos Humanos y el derecho a una vida libre de corrupción son pilares fundamentales de la función pública, estos garantizan la credibilidad del sistema y la acción de todo gobierno en cualquiera de sus tres órdenes: federal, estatal y local. Por otra parte, proclamar los Derechos Humanos y una vida libre de corrupción representa también un fuerte pronunciamiento ético. Su comprensión como un acercamiento ético, más allá de lo estrictamente legal ratificado en un tratado internacional, adoptado en una legislación interna e implementado en una política pública, es un imperativo categórico de tal modo que la lectura, comprensión, reflexión y análisis de estos dos principios, desde la óptica de un servidor público, se convierten en una herramienta no sólo útil sino urgente y necesaria para el ejercicio de la función pública. Es importante señalar que un acercamiento basado en Derechos Humanos demanda también el conocimiento de los derechos de cada persona en la forma de respeto a las libertades fundamentales y respectivas obligaciones a las cuales se les debe de proporcionar un reconocimiento ético.

Asimismo, la importancia y aplicación en el terreno de los derechos humanos como bases morales de iniciativas legales sin duda permitirá el avance de nuevas legislaciones, toda vez que la comprensión de cómo afecta la co-rrupción a la implementación de los derechos humanos comprendida en esta obra provea de inspiración para nuevas rutas de implementación legislativa en este rubro, ya sea para cerrar el escape a toda obligación legal de una vida libre de corrupción como el reconocimiento de los derechos humanos como criterios inspiradores que permitan ampliar cada día su campo de acción tanto legal como moral, en la conciencia del legislador como en la moral personal del servidor público. Los caminos y medios para permitir avanzar la ética de los derechos humanos necesitan no sólo ser confinada a nuevas leyes sino que pueden ayudar también a avanzar en alcanzar un conocimiento efectivo de los derechos humanos, por ello incluso esta obra pretende ser a manera de informe la secuela de nuevas rutas e investigaciones hacia esta importante relación e implicación entre la corrupción y los derechos humanos.

La lógica de la relación entre derechos humanos y una vida libre de corrupción estriba en el amplio espectro de posibilidades entre los derechos civiles y políticos y aquellos económicos sociales y culturales. Estos vienen analizados de manera detallada en la afectación directa de cómo la corrupción impacta a estos derechos.

Mientras los primeros impactan de manera particular libertades fundamentales que van desde el debido proceso hasta una vida libre del temor de ser torturado; los segundos enfrentan situaciones de inequidad sistémica como parte de un interés que ha puesto mayor presión sobre países en particular en aras a llevar a cabo reformas democráticas que lleven consigo políticas anticorrupción que permitan que los recursos lleguen a los grupos más vulnerables sin discriminación alguna. De ahí que, que cuando la corrupción se disemina, la gente no tiene acceso a la justicia, vive en la inseguridad. La corrupción fomenta la discriminación, priva a los grupos vulnerables de recursos y evita el cumplimiento de la gente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales Por último, un claro entendimiento de la conexión entre los actos de corrupción y los derechos humanos empoderaría a aquellos que legítimamente demandan todos sus derechos en relación con los actos de corrupción, y ayudaría al Estado, y a otras autoridades públicas, a respetar, proteger y cumplir con sus responsabilidades en derechos humanos en cada nivel, federal, estatal o municipal.

Una perspectiva en derechos humanos requiere de los decisores de la política preguntarse cómo el diseño e implementación de programas anticorrupción afectará a aquellos que viven en marginación o en extrema pobreza, sujetos a una discriminación social o vulnerables en muchos sentidos. Adherirse a los principios de derechos humanos implica por ende, identificar y superar los obstáculos (como la discriminación de género, étnica, racismo, violencia) que hace a esta gente vulnerable a la corrupción. Mientras se parece estar de acuerdo de que la corrupción tiene un impacto específico sobre los grupos vulnerables, la incorporación de esta vulnerabilidad y de una perspectiva de género en el diseño de programas de anticorrupción aún está limitada y es cosa excepcional. Haciendo uso de los principios que sustentan los derechos humanos ayudará a fortalecer estas dimensiones.

Sin embargo, la corrupción sigue siendo un reto. A pesar de incontables diagnósticos de políticas, de campañas públicas para crear conciencia y de las reformas institucionales y también legales para mejorar la administración pública, las investigaciones muestran que la corrupción continúa floreciendo. De hecho, las encuestas de opinión sugieren que el público es ahora más pesimista que antes ante la posibilidad de su erradicación. El combate contra la corrupción requiere de esfuerzos colectivos potentes, desde diversos sectores de la sociedad que actúen en forma coordinada.

Ambos temas: derechos humanos y corrupción han de ser tratados desde diferentes perspectivas, y la ética tiene que ver con ambos campos. Por ello es que los asuntos de los derechos humanos no pueden dejar de lado el tratamiento de carácter moral y desde éste mismo ha de abordarse la cuestión que atañe a la corrupción. Ambas realidades han de ser además visualizadas y estudiadas por otras disciplinas como el derecho y la política, de de modo que así se logra dar luz a la resolución de los problemas que emanan de la relación entre las acciones corruptas y los daños que se generan en las personas ante la violación de sus derechos humanos.

La promoción y la protección de los derechos humanos articulados con el trabajo contra la corrupción generan una fuerza mutua, de ahí que a mayor defensa de los derechos humanos menor corrupción, por lo que el combate a la corrupción va en paralelo con la defensa de los derechos humanos.

Corrupción y derechos humanos: establecer la conexión

Qué impacto tiene la corrupción sobre la plenitud de los derechos humanos, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales? ¿En qué ocasiones los principios y las herramientas de derechos humanos pueden ayudar a frenar y prevenir la corrupción? En los últimos años, gobiernos, ONGs y organizaciones internacionales han promovido diferentes iniciativas para luchar contra la corrupción. Sin embargo, en contadas ocasiones estos esfuerzos se han analizado desde el punto de vista de los derechos humanos, a pesar del potencial y de la pertinencia del tema.

En los últimos años, gobiernos y organizaciones internacionales han tomado diferentes iniciativas para reducir la corrupción. Sin embargo, rara vez se ha analizado este tema desde el punto de vista de los derechos humanos. Así pues, en 2007 el Consejo decidió iniciar un proyecto centrado en la conexión entre corrupción y derechos humanos. El proyecto tiene como objetivos cooperar con las organizaciones encargadas de enjuiciar a quienes incurren en actos corruptos o que apoyan las políticas contra la corrupción para que éstas puedan aplicar de forma efectiva los derechos humanos a fin de fortalecer sus programas; permitir que quienes luchan contra la corrupción tengan un mayor acceso a los mecanismos y a los organismos de derechos humanos, y permitir también a los defensores de los derechos humanos tener un mayor acceso a las prácticas y a los métodos para combatir la corrupción.

En este informe, Corruption and Human Rights: Making the Connection, se desarrolla un marco conceptual que permite a los usuarios describir de manera específica la forma en que las violaciones de los derechos humanos pueden estar vinculadas a determinados actos de corrupción. También se exponen las razones por las que es necesario establecer una relación de cooperación entre quienes combaten la corrupción y los defensores de los derechos humanos; y se determinan las características principales de las prácticas tradicionales de los dos ámbitos. Asimismo, se establecen los vínculos que existen entre determinados actos de corrupción y casos específicos de violaciones de los derechos humanos, teniendo en cuenta que dichos nexos son a veces indirectos y que, en algunos casos, la corrupción no implica la violación de derechos humanos en el sentido estricto de la palabra.

Utilizando un marco conceptual para la evaluación cuando los actos de corrupción violen los derechos humanos, este informe muestra cómo las organizaciones pueden promover los derechos humanos mientras que trabajan para poner fin a la corrupción.

El informe, que inicialmente fue publicado en febrero de 2009 y que tuvo una muy buena acogida entre organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, activistas contra la corrupción, gobiernos e incluso empresas privadas, ha dado un nuevo paso adelante en junio de 2009: gracias a la participación de Transparencia Internacional se ha producido el relanzamiento de dicho informe. En efecto, éste se ha convertido en un valioso recurso disponible para la red mundial de más de 90 capítulos nacionales ya establecidas de Transparencia Internacional, así como de sus capítulos en proceso de creación.

Este informe fue preparado por Magdalena Sepúlveda Carmona, Directora de Investigaciones del Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos (CIEDH) - International Council on Human Rights Policy, basado en los documentos de trabajo encargados por la CIEDH, en particular los informes preparatorios de Christian Gruenberg y Julio Bacio Terracino. Robert Archer editó la versión en inglés de este informe. Este informe, gracias a un marco conceptual que evalúa en qué ocasiones actos concretos de corrupción violan los derechos humanos, muestra cómo las organizaciones pueden promover los derechos humanos cuando luchan por acabar con la corrupción.

A continuación el Informe:

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