jueves, 3 de junio de 2010

Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados en Colombia

Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva: Adición - Misión a Colombia (A/HRC/14/26/Add.2)

Source: United Nations General Assembly; United Nations Human Rights Council

INFORME DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS EN LA PRIMERA MISION A COLOMBIA EN DICIEMBRE 2009.

Date: 16 Apr 2010
Consejo de Derechos Humanos
14º período de sesiones
Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

La Relatora Especial visitó Colombia en misión oficial por invitación del Gobierno del 7 al 16 de diciembre de 2009. Durante su visita fue recibida por el Sr. Presidente de la República y sostuvo reuniones con el Sr. Vicepresidente de la República; autoridades gubernamentales y de la Rama Judicial; con representantes de la sociedad civil y con sindicatos. Visitó las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, lo que le permitió conocer el estado de la judicatura en diversas regiones del país.

El informe hace referencia a la Constitución política de 1991, que consagra la independencia de la rama judicial y de las decisiones judiciales. Pese a que la estructura de la rama judicial se establece en función de esta independencia, el informe menciona diversos aspectos que la afectan: la sensación generalizada de impunidad y la consiguiente ineficacia del sistema de justicia; la sobrecarga de procesos a considerar en cada juzgado y tribunal; la inadecuada administración e insuficiencia de recursos materiales y humanos; dificultades en la recolección de pruebas y en la investigación de los delitos; ataques e intimidación de víctimas y testigos; existencia de grupos de delincuencia organizada que se resisten a la investigación de los delitos; falta de definición de adecuadas prioridades para la investigación de los casos; corrupción en la justicia y deficiencia en el sistema de acceso a la justicia en una doble dimensión: el acceso a las acciones judiciales y a los procesos y obtención de una resolución final firme.

En sus entrevistas con los actores del sistema de justicia —jueces, magistrados, fiscales, procuradores, abogados, defensores públicos— se añadieron a esta lista de cuestiones de preocupación las siguientes: ataques, amenazas e intimidaciones que afectan el trabajo de investigación y juzgamiento; ausencia de medidas de seguridad adecuadas e inadecuadas evaluaciones de los niveles de riesgo; traslados obligatorios a otras ciudades; ausencia de locales adecuados para ejercer la jurisdicción y de equipamiento y sistemas de informática que permitan agilizar el trámite de los procesos; insuficiencia de recursos financieros; falta de adecuado entrenamiento, particularmente de los jueces que ejercen en la jurisdicción penal, teniendo en cuenta la introducción del sistema procesal oral acusatorio; dificultades para los fiscales que trabajan en primera y segunda instancia para aplicar el principio de oportunidad.

Los ataques contra los jueces y magistrados alcanzaron un momento particularmente grave en 1985 con el ataque y destrucción del Palacio de Justicia de Bogotá. A partir de ese momento los ataques contra los jueces, fiscales y abogados, y el sentimiento de que los mismos podían ser realizados con impunidad, se incrementaron y generalizaron. El informe menciona también el ataque y destrucción en 2005 del Palacio de Justicia de Cali y el hecho de que, cinco años después, magistrados y jueces estén ubicados en locales precarios.

Los programas de pacificación, desmovilización, seguridad, desarme y justicia transicional (Ley Nº 975 de 2005) desarrollados durante la última década, han motivado una gran sobrecarga de investigaciones por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como una congestión de procedimientos judiciales en los tribunales y juzgados. Las investigaciones en curso no se limitan a los integrantes de organizaciones criminales y armadas ilegales, sino a las conexiones de sus jefes con autoridades gubernamentales y con miembros del poder legislativo. La Relatora Especial destaca, en este contexto, la notable labor llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia en los casos de la denominada parapolítica; aunque recuerda la necesidad de respetar el principio internacional de la doble instancia.

El informe señala también las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la República, e identifica la acción de estos dos órganos como el mayor desafío para la garantía de la independencia de la judicatura. La Relatora Especial expresa que la introducción de un sistema paralelo de justicia de transición mediante la Ley de justicia y paz, así como la introducción del sistema procesal penal oral acusatorio han representado un gran desafío para la rama judicial.

En este contexto, el informe señala las consecuencias negativas de la actual situación de interinidad en la Fiscalía General. El trabajo de la Fiscalía General está en estrecha relación con los tribunales y juzgados y afecta a la labor de éstos. La manera como coordinan sus esfuerzos se traduce en un aumento o en una disminución de la credibilidad del sistema judicial en su conjunto y de la sensación de impunidad.

El informe recoge también la preocupación de la Relatora Especial por la utilización de la acción de tutela por las Altas Cortes para anular sentencias y decisiones de otra Alta Corte. En relación con la jurisdicción militar, la Relatora Especial hace un llamamiento para resolver los conflictos de competencia en favor de la jurisdicción ordinaria en casos de duda. Formula también la Relatora Especial una invocación para que cese todo ataque orientado a desprestigiar a la judicatura; mermar la credibilidad de magistrados y jueces; o afectar a la confianza que los ciudadanos deben tener en la justicia.

El informe destaca también la importancia de la actividad profesional desarrollada por los abogados y subraya la necesidad de otorgarles todas las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo adecuadamente su labor. Plantea la conveniencia de que se reúnan en un colegio de abogados que defienda sus fueros y vele por la observancia de reglas éticas de conducta, liberando así a los abogados del control y sanción del Consejo Superior de la Judicatura.

El informe concluye identificando el problema de la tierra como subyacente a muchas de las cuestiones examinadas. Es necesario avanzar en los procesos de demarcación, de titulación y de registro de propiedad y de posesión de la tierra porque la incertidumbre en estas cuestiones es y será causa latente de muchos crímenes y violaciones de derechos humanos.

Por último, el informe postula también la necesidad de promover la presencia de la mujer en las Altas Cortes, tribunales de segunda instancia, juzgados y fiscalías. La necesidad de establecer una sola carrera judicial en la judicatura y una verdadera carrera en la Fiscalía General, a través de concursos de mérito objetivos e imparciales.

La Relatora Especial concluye su informe afirmando que todo combate a la violencia y todo proceso de paz pasan necesariamente por el camino de la realización de la justicia. La independencia judicial, en todos sus aspectos, representa el instrumento de mayor garantía para que justicia sea hecha.

A continuación el Informe:


Ginebra - Junio 2 de 2010 - Declaración de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, ante la Sesión 14 del Consejo de Derechos Humanos

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