Informe de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, 98.5% de impunidad en Colombia.
Nueva York, 25 de mayo de 2010.
Experto de Naciones Unidas considera que existen avances pero también un patrón de ejecuciones extrajudiciales y siguen persistiendo “graves problemas” en relación con las políticas de seguridad de Colombia.
Un patrón de ejecuciones extrajudiciales.
On 24 May, the United Nations released the Special Rapporteur's report on his June 2009 fact-finding mission to Colombia. In the report, the Special Rapporteur examined the Colombian Government’s response to “false positivos” killings by military forces, as well as killings by former paramilitary groups and by guerilla forces.
La ONU ratificó la denuncia según la cual existe "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y alertó sobre el hecho de que la impunidad abarca el 98,5 por ciento de los casos.
Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, así lo indicó en el informe, publicado este jueves y realizado tras su visita a Colombia en junio de 2009, en el que también afirma que persisten "graves problemas" en relación con las políticas de seguridad en el país.
“Colombia ha realizado importantes avances en seguridad después de décadas de conflicto armado y gravísimas violaciones de derechos humanos, sin embargo graves problemas con sus políticas de seguridad han socavado los objetivos que el Gobierno busca lograr”. Declaró el Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. El informe del Profesor Alston sobre su visita a Colombia en junio de 2009 fue publicado hoy por Naciones Unidas.
“Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados “falsos positivos”, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados. Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un “reclutador” hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados que reportaban que había “muerto en combate” y toman medidas para manipular y encubrir la escena del crimen”. Informó el Profesor Alston. “Dentro de las Fuerzas Armadas, el éxito fue medido por el número de guerrilleros muertos y promovido por un entorno en el que hubo poca o ninguna rendición de cuentas. Los soldados sabían que podían quedar impunes”.
Alston destacó las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones, incluida la destitución de oficiales de alto rango y permitir el monitoreo por parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero expresó preocupación porque la impunidad continúa. “La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98.5% según fuentes creíbles, es demasiado alta” expresó el experto. A menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juzgamiento de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos. Víctimas y familiares merecen justicia. La sociedad colombiana y la comunidad internacional necesitan saber que las operaciones policiales y militares son legales o de lo contrario carecerán de legitimidad”.
El Relator Especial también encontró un alarmante nivel de impunidad y un aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales.
Según el Relator, no hay sustituto para el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, pero el Gobierno debería considerar establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano.
Alston resaltó que los grupos armados han cometido asesinatos y a menudo han atacado o victimizado a la población, causando inestabilidad en muchas partes del país. La estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de los grupos alzados en armas, “pero también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.
El experto llamó la atención sobre los grupos que son especialmente vulnerables a la violencia en Colombia. “Históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. Colombia debe investigar y sancionar fuertemente la violencia y amenazas contra estos grupos”. Alston también destacó que “las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en zonas de conflicto son especialmente vulnerables a las masacres y otras violaciones y Colombia debe asegurar que sus políticas de seguridad y las operaciones militares prioricen su protección”.
Alston señaló que “la manera como Colombia maneje sus retos de seguridad, una continua transparencia sobre el contenido y consecuencias de sus políticas y un enfoque sobre las responsabilidades por violaciones beneficiará a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto y también tendrá un fuerte impacto positivo en la legitimidad del Gobierno y sus políticas”.
A continuación el Informe:
Fuente: Ginebra, 27 may (EFE).-
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