jueves, 22 de enero de 2009

El nuevo modelo social y la educación inclusiva




El nuevo modelo social y la educación inclusiva

Ricardo Arrieta Castañeda
Enero 22 de 2009.

Desde el nuevo modelo social se aboga porque niñas y niños con discapacidad puedan tener acceso a las mismas oportunidades de desarrollo que los niños y niñas sin discapacidad. Esto incluye muchas áreas —como la educación, pero también las actividades de ocio, juegos, deportes y demás— que deben encontrarse en condiciones de poder ser aprovechadas por niñas y niños con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto.

Es decir, tal como lo explican Agustina Palacios y Javier Romanach, todas aquellas actividades que resultan ser imprescindibles para el desarrollo tanto físico, como psicológico, y social de las niñas y los niños —con o sin discapacidad—. Ello se encuentra íntimamente relacionado con el principio de accesibilidad universal, que requiere que todos los productos, entornos, procesos, bienes y servicios, cumplan con los requisitos necesarios para poder ser utilizados por todas las personas de la forma más autónoma y natural posible. Si bien este principio será objeto de comentario más adelante, debe destacarse que esta condición cumple un papel esencial para poder asegurar a los niños una infancia en sociedad, más allá de cualquier diferencia funcional.

En este sentido, la manera en que se aborde la educación será una cuestión fundamental. A diferencia del modelo rehabilitador, en donde se persigue que las personas, y especialmente las niñas y niños se normalicen a través de una educación especial, el modelo social aboga por una educación inclusiva. La visión de integración que propugna el modelo rehabilitador se basa en la noción de normalidad y predica la aceptación y tolerancia de personas con determinadas necesidades. Las personas, los maestros y los niños deben ser animados y educados para la aceptación y tolerancia de aquellos desviados de la normalidad. La nueva visión de inclusión desafía la verdadera noción de normalidad en la educación —y en la sociedad— sosteniendo que la normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existe la diferencia.

En este sentido, sostiene Albericio que de un modelo de educación especial segregada se pasa a un modelo integrado en el sistema educativo ordinario que permita dar respuesta a todos los alumnos desde el currículum ordinario. Se pasa a resaltar la importancia de prestar una atención individualizada, basada en las necesidades educativas de cada niño. De este modo, se promueve la idea de la adaptación curricular al alumno en función de su ritmo de aprendizaje, sin que ello suponga exclusión del grupo. Consecuentemente, se avanza en el concepto de evaluación del rendimiento en el sentido de no utilizar como criterio un grupo normativo, sino en función de los progresos individuales del propio alumno o alumna. Asimismo, se especifican los apoyos y servicios necesarios que garanticen el progreso de los alumnos con algún tipo de diversidad funcional. En definitiva, lo que se pretende desde esta nueva concepción, es que en los casos en que se presente una diversidad funcional, ésta deba ser abordada por el profesor ordinario desde el propio currículum, realizando adaptaciones a las condiciones de aprendizaje, de manera que se facilite el proceso de desarrollo del alumno.

En la misma línea, autores como Vlachou critican el término necesidades especiales, y sobre todo el uso que se ha venido haciendo del mismo, que —a su entender— perpetúa las ideologías segregacionistas. En su opinión, la creación de este término confirma precisamente la ineficacia de un sistema educacional que ha sido construido para incluir a ciertas personas y no a otras. De este modo, la división ideológica dentro de los discursos políticos entre necesidades especiales y necesidades ordinarias —que ha sido trasladada a la división entre niños especiales y niños ordinarios— deriva parcialmente de una falta de compromiso con una educación inclusiva.

Así, destaca Oliver que no debe olvidarse que una de las funciones de la educación es asegurar la integración de las personas en la sociedad. Que, asimismo, otro de sus objetivos es enseñar a todas las personas sobre los derechos y los deberes derivados de la ciudadanía. Como que también se pretende alcanzar mediante la educación, la formación de adultos independientes. No obstante, según el autor, el sistema educativo —a través de la herramienta fundamental de la educación especial— ha fallado en estos objetivos respecto de las personas con discapacidad; y no solo ello, sino que además ha servido para excluir a las personas con discapacidad —no solo del proceso educativo— sino también de la vida en sociedad. Mientras que en los últimos tiempos las leyes han plasmado de algún modo estos reclamos, sin embargo la mayoría de las personas con discapacidad siguen siendo educadas en escuelas especiales, lo que además de la segregación que ello implica, significa recibir una educación inferior que el resto de personas. Por lo que las actuales prácticas de segregación —que continúan dominando la educación de niñas y niños con discapacidad— deben ser vistas como lo que son: la denegación del derecho a una educación en igualdad de condiciones que el resto. Asimismo, Oliver entiende que esto no debe ser visto como un problema que se da solo sobre la educación, sino que esta cuestión es parte de un problema más amplio, la exclusión de las personas con discapacidad del sistema de transporte público, del acceso a sitios de ocio, de entornos inaccesibles, medios de comunicación, y demás ámbitos de la vida en sociedad.

El problema parece ser más de fondo, como subraya Rafael De Lorenzo, quien sostiene que si las tecnologías, las metodologías y las estrategias educativas se encontrasen orientadas en realidad al reconocimiento de cada niño como un alumno con necesidades educativas individualizadas dentro de un aula general, entonces se facilitaría la participación de niñas y niñoscon discapacidad en entornos menos restrictivos. Por otro lado, destaca este autor que los beneficios de una educación inclusiva no se restringen a niñas y niños con discapacidad. Estudios recientes han puesto de relieve los beneficios personales, sociales y económicos de una educación inclusiva.

En este último sentido, De Lorenzo reconoce que no se tiene verdadera noción del coste que supone no tomar medidas encaminadas a mejorar la educación y la formación de este grupo de ciudadanos, infravalorándose el ahorro que derivaría la disminución del número de personas dependientes de pensiones públicas, frente a la opción de vivir y trabajar de forma independiente.

En definitiva, desde el modelo social se resalta que una educación inclusiva no es una cuestión tan simple como la modificación de la organización de la escuela, sino que implica un cambio en la ética de la escuela. No se requiere simplemente que los maestros adquieran nuevas habilidades, sino que se necesita asimismo un compromiso. No alcanza con la aceptación de la diferencia, sino que se requiere una valoración de la diferencia. Lo que se necesita —en definitiva— es un compromiso moral con la inclusión de todas las personas dentro de un sistema educativo, como parte de uncompromiso más amplio que aspira a la inclusión de todas las personas dentro de la sociedad.