Inmigración y Estado de bienestar en España


Inmigration and Welfare State in Spain

Un estudio realizado por Francisco Javier Moreno Fuentes y María Bruquetas Callejo, financiado por la Obra Social "la Caixa", explica cómo los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del Bienestar. En concreto, los inmigrantes son responsables directos del 30 por ciento del crecimiento del PIB en los últimos 20 años, absorben el 5 por ciento del gasto sanitario a pesar de suponer el 12 por ciento de la población y han garantizado temporalmente el sostenimiento del sistema de pensiones debido a la mayor juventud y altas tasas de actividad entre este colectivo.

El estudio de la Fundación 'la Caixa' demuestra que la contribución de los inmigrantes al Estado de bienestar supera la demanda de prestaciones sociales que solicitan. El informe desmonta el tópico de que el inmigrante es un competidor laboral para el autóctono.

Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del Bienestar, aunque cada vez más gente cree lo contrario, según un estudio financiado por Obra Social "la Caixa" del que se desprende que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración General del Estado, mientras que las administraciones locales y autonómicas se ven en dificultades para adaptar los servicios públicos al aumento de población, lo que repercute en la percepción de los ciudadanos.

El estudio, elaborado por los investigadores Francisco Javier Moreno y María Bruquetas y presentado por el director general de Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa, explica que existe un "desajuste" entre los recursos fiscales generados por la inmigración y su distribución territorial, lo que provoca la saturación de los servicios sociales en las comunidades con más inmigrantes.

Se sigue pensando que los extranjeros perciben del Estado del bienestar español más de lo que para él generan. El informe constata que, a pesar de los efectos de la crisis económica, se trata de una falsa creencia.

Según ha explicado Moreno, no se trata, por tanto, de que los inmigrantes estén haciendo un mayor uso que los autóctonos de los servicios sociales, sino que "hay un cambio de demanda y la oferta no se ajusta" por "la lentitud de las administraciones para adaptarse". "Lo lógico es que haya un aumento de los servicios públicos acorde con esta nueva demanda (...) pero es claramente insuficiente", ha añadido.

El 12,17% de la población de España, más de 5,7 millones de personas, es inmigrante. Nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la Unión Europea por número de residentes extranjeros.

Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad son europeos). A su vez, se calcula que la alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional.

Los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente la proporción del gasto sanitario que absorben equivale a poco más del 5% del total.

El 30% de los inmigrantes en España son pobres, frente al 18% de autóctonos que se encuentran en esta situación. No obstante, sólo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a la población inmigrante.

El 50% del superávit de las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por la inmigración. Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%.

Más de la mitad de los españoles percibe al inmigrante como un competidor en el acceso a prestaciones y servicios sociales. Los autores advierten que estas actitudes pueden aumentar en las próximas dos décadas, con el envejecimiento del colectivo y el incremento de las peticiones de ayudas y servicios.

El informe señala que la concentración de la inmigración en determinadas Comunidades Autónomas, municipios y barrios introduce desajustes en la distribución de recursos fiscales entre distintos niveles de la administración del Estado. Esto provoca también incrementos localizados de la demanda de prestaciones y contribuye al deterioro de los programas de protección social.

Aportan más que gastan

Ahora, aunque no existen cifras que constaten que las aportaciones de los inmigrantes siguen siendo superiores a los costes que generan para las arcas públicas, el balance parece claro que sigue siendo positivo. Los expertos coinciden en que ese saldo de casi 5.000 millones que recogía el informe de Moncloa era lo suficientemente cuantioso como para que se mantuviera incluso en tiempos de recesión. Y, además, el informe de La Caixa constata que algunos de los factores que hacían que la contribución de la población extranjera fuera positiva aún se mantienen. Y es el que texto, presentado ayer en Madrid, va desmontando uno a uno algunos de los estereotipos que se han generalizado en el imaginario colectivo español.

No gastan más que los españoles

Con todo, los inmigrantes no generan un mayor gasto social que los autóctonos. El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que los inmigrantes consultan un siete por ciento menos al médico de cabecera y hasta un 16,5 por ciento menos al especialista, aunque visiten un 3,2% más las urgencias. Aunque suponen el 12% de la población, se les destina un cinco por ciento del gasto sanitario.

Además, el 30 por ciento de los inmigrantes en España son pobres, porcentaje que entre los autóctonos es del 18 por ciento y, pese a ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta población y de ellas, el 60 por ciento tienen por objeto facilitar información o derivar a otros recursos, conforme ha apuntado María Bruquetas.

Otro de los datos que ha destacado Moreno es que en total, menos del uno por ciento de los perceptores de pensiones en España son extranjeros, así como suponen el 11,2 por ciento de los perceptores de rentas mínimas de inserción, porcentaje "considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería" teniendo en cuenta su tasa de pobreza, según el estudio.

En cuanto a la educación, el gasto social destinado a los colectivos inmigrantes estaba en el seis por ciento en 2007. El 82 por ciento de los estudiantes se encuentra en colegios públicos frente a un 14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8 por ciento en colegios privados. Sólo el diez por ciento continúa sus estudios más allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces mayor que entre los autóctonos.

"Aportación Neta Claramente Positiva"

Frente a ello, los autores del estudio destacan la "Aportación neta claramente positiva" de los inmigrantes, que si bien no es cuantificable en términos absolutos, llega a ser "dos o tres veces superior" al gasto que generan durante las primeras fases del proceso migratorio, cuando el extranjero es joven y está solo. La balanza se equilibra cuando reagrupa a su familia y equipara su situación con la pirámide demográfica nacional.

De estas "aportaciones", Moreno ha destacado que en el mercado laboral, la inmigración ha supuesto "una contención salarial que ha frenado la inflación" por falta de tensiones, ya que existía mano de obra suficiente. Además, "ha cubierto muchos nichos" que de otra forma "habrían dejado de ser productivos", como la agricultura intensiva.

También han introducido flexibilidad y han permitido incrementar notablemente la tasa de empleo femenino en España. En el ámbito de la balanza fiscal, el investigador ha recordado que "todos" los inmigrantes pagan impuestos al consumo. En total, fueron responsables del 30 por ciento del crecimiento del PIB entre mediados de los 90 y mediados de los 2000 y han retrasado en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones.

La actitud hacia el inmigrante

Las actitudes de rechazo hacia la inmigración presentan una evolución creciente en toda Europa, y España no es una excepción. Se da lo que algunos autores han venido a denominar la paradoja del inmigrante indeseado: Aunque la población española entiende la llegada de inmigrantes como una necesidad por razones económicas, la presencia de esos mismos inmigrantes se percibe como un problema y como fuente de conflictos. Según el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España, elaborado por iniciativa del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de encuestas del CIS, el 37% de los españoles se mostraba en 2009 reacio a la inmigración, frente a un 33% de tolerantes y un 30% de ambivalentes ante el fenómeno.

Un desencadenante de la xenofobia, especialmente en un contexto de crisis económica, es el temor a la competencia por unos mismos recursos. Según el estudio de Oberaxe, un 40% de los encuestados cree que la protección del Estado al inmigrante es bastante y un 18% que es mucha. En paralelo, el 56% cree los inmigrantes reciben más ayudas escolares que los españoles de igual nivel de ingresos; y un 46% entiende que sucede lo mismo en el ámbito sanitario. Asimismo, un 20% de los españoles considera que los inmigrantes reciben de las Administraciones mucho más de lo que aportan; otro 32% percibe que reciben más de lo que aportan; y un 24% que reciben tanto como aportan. Visto lo visto, parece claro que las percepciones se fundamentan en visiones subjetivas, no en datos.


Informe: Inmigración y Estado de Bienestar en España. Caixa, 2011.

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